Este informe tiene su origen en las denuncias de ciudadanos extranjeros y españoles por el ataque a su propiedad privada que supone la aplicación caótica y arbitraria de la Ley de Costas y otra normativa urbanística. Este informe hace referencia a la inseguridad jurídica que plantea el ordenamiento español. Según Lázaro Rosa, el informe Auken es "un canto a la propiedad privada".

 

Por ello, el Parlamento Europeo pide a las autoridades españolas que velen porque ningún acto administrativo que obligue a un ciudadano a ceder su propiedad privada encuentre su fundamento jurídico en la ley adoptada después de la fecha de construcción de la citada propiedad. Por último, insta a las autoridades españolas a que revisen urgentemente la Ley de Costas, a fin de proteger los derechos de los propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en la zona de costa, y amenaza con interrumpir, en último extremo, los fondos estructurales y de cohesión por la vulneración de la normativa europea hasta que la situación vuelva a la normalidad.

 

Con tal fin, se ha acordado de forma unánime la creación de una Comisión Gestora de perjudicados en la Bahía de Cádiz por la aplicación de la Ley de Costas, que estará compuesta por varios miembros, así como establecer contactos con otras plataformas de afectados a nivel nacional.